NUESTRA OPINIÓN / REFLEXIÓN

Una ciudadana acude a las oficinas de una entidad pública, ella como responsable de entregar cartas de la organización en la que trabaja, lleva una misiva solicitando una entrevista con el responsable de dicha instancia. Al presentar la misiva, la secretaria que la atiende (no se comenta el tiempo que tuvo que esperar) revisa exhaustivamente el contenido de la carta y le señala que la fecha está mal, que el nombre del responsable está mal escrito y que no puede recibir dicho documento. Aunque se le da mucha justificación legal de que esa actitud no es correcta, no acepta recibirla. Pasa el tiempo y la ciudadana se ve obligada a cumplir el capricho de la secretaria pública.

Luego, pese a que la carta tiene señalada una dirección y un teléfono donde puede avisarse cuando haya respuesta; esto no ocurre. Es más, cuando se acude en un tiempo prudencial a hacer seguimiento a dicha correspondencia, se informa que aún no se ha respondido, que no ha habido, ni “han tenido” tiempo para revisarla siquiera.

El no reconocimiento de los derechos a un buen trato y eficiencia en la gestión pública, conjugado al abuso del derecho a la petición, hace la vida a cuadritos a toda la ciudadanía, les perjudica y retrasa sus proyectos de vida, sin ningún tipo de respeto y en muchos casos de manera artera, ya que los servidores públicos entienden que si alguien reclama su trámite se va retrasar más. Esto debe cambiar, la ciudadanía debe empezar a denunciar estas violencias.